Es apremiante ser insistentes y reiterativos para reclamar atención y apoyo a la agricultura familiar que, en plena ebullición de la pandemia, cumple un papel gravitante en la vida de los peruanos. A pesar del institucionalizado olvido estatal y padecer directamente de la inexistencia de una política nacional que los reconozca en su real dimensión, sigue produciendo gran parte de los alimentos que consumimos día a día.
Se ha planteado desde distintas instancias la aplicación de medidas de emergencia que les permita afrontar las cosechas actuales, como un bono productivo, facilidades y garantías para el tránsito hacia sus parcelas, cosechas y mercados.
El gobierno respondió, pero no a la altura de la real necesidad. Los bonos rurales, los bonos universales, los S/150 millones para núcleos ejecutores, la refinanciación de créditos, los mercados itinerantes, resultan la suma de paliativos que no llegan a todos quienes realmente lo necesitan.
Los pequeños productores, que viven o sobreviven en las áreas rurales ya perdieron la esperanza de acceder siquiera a uno de estos bonos. Ni qué decir del millonario y bien publicitado programa ‘Reactiva Perú’, con un fondo de S/ 60 mil millones, de cuyos afortunados beneficiarios nos enteramos a través de los medios y las redes.
Las cosechas se están perdiendo. No hay transporte, no hay compradores, no hay mercados. Con ese drama, los pequeños productores, que en zonas rurales viven casi exclusivamente de la agricultura, ya miran la próxima campaña de siembras -la campaña chica y la campaña grande- sin recursos, sin capital. Es más, con deudas y responsabilidades pendientes.
Las necesarias medidas de rigor dispuestas por el gobierno, en el marco de la cuarentena no solo han cerrado las puertas de las viviendas en el aislamiento social obligatorio, sino las de acceso a los centros de producción y todos los mecanismos que esta conlleva. Sin transporte, sin compradores, sin mercado las cosechas acopiadas corren riesgo de perderse irremediablemente. La reactivación productiva no se siente en este sector.
La evidencia de este drama social y económico, que es común en gran parte del país, la ha graficado, con dolor e impotencia, el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. En esta región el 80% de la población económicamente activa se dedica a la agricultura.
La autoridad regional ha revelado que en Apurímac hay acumuladas 25 mil toneladas de papa, 10 mil de quinua y 3,5 mil de paltas; que no pueden llegar a sus mercados de costumbre a causa la emergencia y las restricciones vigentes.
En respuesta a la desesperación de los productores, que superan las 120 mil familias, el gobernador regional ha pedido, todavía el 14 de mayo, la intervención del ministerio de Agricultura y Riego - Minagri, para que facilite la compra de los productos acopiados y los incluya en las canastas sociales de apoyo. Nula respuesta. Los mercados itinerantes implementados para que el productor se acerque al consumidor, son medios que no cubren las expectativas.
En ese sentido, ha insistido para que el gobierno implemente un bono para la compra de los productos cosechados que están en riesgo de perderse. “Basta de comprar arroz y otros productos importados”, dijo y ofertó la tonelada de papa a S/780; es decir 0.78 el kilo, que les permita recuperar, por lo menos, los costos de producción. Todavía no hay respuesta.
En Andahuaylas, cuya papa llega principalmente a los mercados de Marcona, Nazca, Ica y Lima hay comerciantes que, aprovechando la ausencia de transporte y de compradores mayoristas, ofrecen pagar S/ 0.30 por el kilo de papa blanca; mientras por el kilo de papa color S/0.50, precios que no cubren en lo mínimo los costos de producción.
Lo mismo sucede con las paltas, que sin la presencia de los habituales compradores para la exportación, corren el riesgo de madurarse en los centros de acopio y malograrse. La quinua, todavía puede ser almacenada.
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