Argentina: Solicitan la constitución de las mesas frutícolas

El bloque de legisladores de la Concertación presentó un proyecto de comunicación donde solicita se constituyan las mesas frutícolas previstas por las leyes de Transparencia Nº 3611 y de Contractualización Nº 3993 con la participación de los sectores que las mismas establecen.

La iniciativa alude también a un pedido al Poder Ejecutivo Nacional para que ponga en marcha el Plan Integral Frutícola comprometido por la Presidenta de la Nación oportunamente. Y manifiestan la necesidad de sancionar una ley Nacional de Producción y Comercialización Frutícola que incluya decididamente dentro de sus aspectos resolutivos, a la Transparencia Frutícola como requisito indispensable para el normal desenvolvimiento del negocio en todo el país.

Los legisladores manifestaron que se trata de la locomotora económica y social más fuerte de la norpatagonia argentina, y que Río Negro participa con casi un 25% de su PBG, que tiene 100 años de historia, que ocupa directamente a más de 60 mil empleos, que exporta unos 700 millones de dólares, que aúna en sí mismo a los tres sectores de la economía (primario, secundario y terciario), que es una economía regional “tipo de cambio dependiente”, que cuenta con más de 4000 productores en más de 57 mil hectáreas, que es una actividad tomadora y no formadora de precios. Es un negocio con múltiples variables que deben ser consideradas a la hora de evaluar los rindes, los costos y los beneficios o las pérdidas.

Aunque existe otra variable que resulta indispensable para que el sistema todo sea competitivo, sobretodo para el eslabón más débil de la cadena: el productor primario. Dicha variable es la TRANSPARENCIA. Se trata de establecer costos y precios que podrá obtener para que su negocio resulte rentable. La provincia avanzó muy decididamente en dicho tópico cuando sancionó las leyes 3611-de Transparencia y Mediación y la 3993-de Contractualización.

Ambas normas hermanas, fueron un mojón en la producción frutícola ya que posibilitaron que, como en todo negocio, se propendiera a una más justa distribución de la riqueza y que exista un contrato cierto al que los productores pudiesen echar mano a la hora de reclamar por un precio justo cuando entregaran su mercancía.

Las leyes mencionadas están vigentes, no han sido derogadas y por lo tanto deben cumplirse dentro del marco que la Constitución Nacional, Provincial y las normas vigentes imponen a todos los ciudadanos.

Además recordaron que cuando se trabajó en el malogrado Plan Integral Frutícola, en forma participativa y mancomunada entre todos los integrantes del negocio más las Universidades, los Institutos de Tecnología, los Estados Nacional y Provincial, en uno de sus capítulos, se incluyó expresamente el tema de la Transparencia.

Dicho Plan estratégico y de mediano y largo plazo, fue hasta resaltado y puesto en vigencia por la mismísima Presidenta de la Nación en la ciudad de Villa Regina, hasta que lamentablemente se lo dejó caer y al día de hoy todavía se espera por una propuesta superadora del mismo. Si la hay, ya que se habló y puso en marcha un “Observatorio de Precios” que no cumplió ninguna función y se mencionó que se trabajaría en una Ley Nacional del Negocio Frutícola (con el tema de la transparencia incluido) que todavía es una promesa

Fuente: APP


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